El recorte de la realidad. Página/12 con Darío Aranda.


Darío Aranda, periodista del diario Página/12, especializado en las problemáticas de los pueblos originarios, sufrió el día de ayer y el día do hoy, dos casos consecutivos de censura en dicho periódico.
En la nota publicada ayer en Página/12, los editores recortaron la siguiente frase:
El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la “capital nacional del kirchnerismo” luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine “radical k”. El Mocase lo señala –en cuanto a la represión al campesinado– como la continuidad del juarismo.

 

En la nota publicada hoy en Página/12los editores recortaron la siguiente frase:
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional.
Frente a estos hechos, hoy en una red social, Aranda publicó la siguiente aclaración:
“La nota que hoy aparece en Página12 con mi firma no se corresponde con la que escribí. Específicamente el primer párrafo (lo más importante de una nota periodística). Un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. Por este oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha (y por los asesinados por este modelo extractivo) es imprescindible esta aclaración.”
Las notas originales:
Viernes 18 de noviembre de 2011

Un modelo agropecuario que suma víctimas
Un campesino fue asesinado y otro herido en Santiago del Estero al resistir un desalojo. Cuatro campesinos e indígenas fueron asesinados en los últimos dos años por defender el territorio
Por: Darío Aranda
Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar, paraje San Antonio, norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. “Esto es el lejano oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales en la Argentina de hoy”, denunció Marilena Santillán, con voz entrecortada, aún conmovida, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en Argentina cuatro campesinos e indígenas. El Mocase-VC denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva sobre territorios comunitarios.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habitan 2000 hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años denuncian el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.
El miércoles a la siesta llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas (Javier y Arturo Juárez, señalados por el Mocase como guardias privados al servicio del empresario José Ciccioli). Buscaban a Cristian Ferreyra. Sin mediar palabra le dispararon a Ferreyra con una escopeta. Falleció desangrado, junto a su esposa y su hijo de 2 años.
También fue herido Godoy (del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. Él hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.
El Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, quien autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.
El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la “capital nacional del kirchnerismo” luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine “radical k”. El Mocase lo señala –en cuanto a la represión al campesinado– como la continuidad del juarismo.
Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria (de la mano de soja) comenzó a expandirse. Y también de la ganadería, que es desplazada por la agricultura.
La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte, 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina, 50 millones de toneladas de soja. El Pan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2020 del Gobierno insta a aumentar la producción granaria actual un 60 por ciento (de 100 millones de toneladas a 160). Y reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios, hoy en manos de campesinos e indígenas.
El geógrafo y docente de la Universidad Nacional, Marcelo Giraud, analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996 en la provincia había sólo 95.000 hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, 2010, al récord de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes de la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
El Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que otorga derechos a quién ocupó y trabajó una tierra durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, Artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.
“El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, avisó el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, advirtió: “El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida”.
La violencia rural
-El 21 de julio de 2010, hombres armados ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga (en el norte provincial) y golpearon a familias campesinas. La Policía dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas.
-En agosto de 2010, en el paraje santiagueño de Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. La policía no tomó la denuncia de las familias del Mocase.
-El 22 de octubre de 2010 la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo a los agresores.
-En noviembre de 2010, campesinos santiagueños cortaron la ruta 34 durante un mes. Exigieron una ley que frene los desalojos y pidieron detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial (luego de dos años de diálogo) y firmado el 15 de julio. El Gobernador se había comprometido a solucionar casos urgentes de conflictos por tierras. El Mocase denunció que nada se cumplió.
-En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo de 2011 fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados.
-El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) alertó que sólo en Neuquén hay al menos 250 mapuches imputados por defender el territorio. El Mocase contabilizó “al menos 500 procesados”.
-El referente del Mocase-VC Ricardo Cuellar fue detenido e incomunicado el 2 de agosto. Estuvo una semana en prisión. El delito fue negarse a dejar la tierra donde nació. El 10 de septiembre atacaron con bombas molotov la radio FM Paj Sachama del Mocase.
-El martes 8 de noviembre último dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Diaz, referentes qom de Formosa.
-Dos niños guaraníes, de 3 y 7 años, fueron atacados a balazos cuando se refrescaban en un arroyo dentro del territorio de la comunidad Ysyry, localidad de Colonia Delicia, Misiones. Fue el viernes 4 de noviembre y se enmarca en una avanzada de empresarios forestales sobre la comunidad guaraní.
-Campesinos de la comunidad La Verde (departamento mendocino de San Martín) se enfrentaron el lunes pasado con empleados de la empresa coreana Nuevo Cosmos, que pretende instalarse en tierras comunitarias. Los campesinos, junto con la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), fueron atacados por el personal de la empresa.
Sólo algunos casos de una extensa lista de represiones a campesinos y pueblos originarios.
Fuente: seniales.blogspot.com
Sábado 19 de noviembre de 2011
Reclamo de esclarecimiento y sanciones
Por: Darío Aranda
“Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue”, resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. La marcha partió del Obelisco, se dirigió por avenida Corrientes y terminó en Florida 274. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron: “¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué
queremos? Tierra, trabajo y justicia” y “Alerta que camina la lucha campesina por América latina”.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional.
Marilena Santillán es compañera de militancia de Ferreyra en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase-VC), una de las bases del MNCI. Llegó a la mañana a Buenos Aires para encabezar la marcha. “Todo el año enfrentamos una sostenida represión que incluyó detenciones arbitrarias por defender el territorio y el incendio de la radio comunitaria. El ataque a Cristian es parte de esa violencia, que incluye a empresarios sojeros, la Dirección de Bosques, que autorizó el desmonte, y al juez de Monte Quemado, Alejandro Fringes Sarria”, denunció Santillán.
De la marcha participaron el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa, Partido Obrero, Proyecto Sur, Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Libres del Sur, Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Central de Trabajadores Argentinos (línea Pablo Micheli) y el Movimiento Evita, entre otros. El referente del Movimiento Evita y legislador bonaerense del Frente para la Victoria, Fernando “Chino” Navarro, explicó que “venimos a expresar nuestro repudio al asesinato de luchadores sociales en manos de sicarios, jueces cómplices y la pasividad y complicidad del gobierno provincial”.
Navarro era en la marcha el más conocido referente del oficialismo presente, por lo cual era solicitado por los periodistas y no esquivó respuestas. “El gobierno nacional debería ser el primero en repudiar la represión y también ser el primero en estar junto a los reprimidos”, dijo.
La columna ocupó dos cuadras completas de la avenida Corrientes y giró por Florida. Muchos negocios bajaron sus persianas. Fue la única vez que la campesina Santillán sonrió: “No tienen que cerrar, somos tranquilos, los sojeros son los violentos”.
Vanina Bassetti, del MNCI, recordó que “los agronegocios impuestos por los transnacionales del agro, con la soja y los desmontes como banderas, son los primeros enemigos de la vida campesina. Mientras siga este modelo, seguirán reprimiendo a campesinos e indígenas que luchan”. Marcelo Otero, del Mocase-VC, dijo que esperan “algún pronunciamiento del gobierno nacional”.
Cristina Cabil, de Madres de Plaza de Mayo, estuvo al frente de la marcha. Pidió a los organismos de derechos humanos que se expresen en repudio de la represión y en solidaridad con las víctimas. “Los campesinos hoy exigen lo mismo que exigían nuestros hijos, una vida digna para todos, por eso hay que estar con ellos”, pidió. El CELS, mediante un comunicado, reclamó el esclarecimiento y la sanción a los responsables y que “tanto el Estado provincial como el federal adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas que se organizan en reclamo de sus derechos por el acceso a la tierra”.
Ya en el frente de Florida 274, las autoridades de la Casa de Santiago en Buenos Aires ofrecieron dialogar con delegados del Movimiento Campesino. “Nos dijeron que no tienen poder de decisión. Les dijimos que vamos por la cabeza del gobernador, es el responsable del asesinato de campesinos”, dijo Adolfo Farías, vocero del Movimiento Nacionalcampesino Indígena. Desde la Casa de Santiago del Estero no respondieron a los llamados de Página/12.
Luego, Farías responsabilizó a “gobernadores, jueces y empresarios (que) arrasan el monte y matan a campesinos para implementar políticas neoliberales sostenidas por el gobierno nacional” y advirtió que “si no hay justicia arderá el norte provincial y habrá otro santiagueñazo”.
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